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Domingo

26

de marzo de 2017

Conil de la Frontera > Servicios Sociales > El Ayuntamiento de Conil contra los Desahucios


El Ayuntamiento de Conil contra los Desahucios

desahuciosPara cualquier persona que quiera información, pueden dirigirse de lunes a viernes de 10 a 14:00 horas a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Conil de la Frontera en c/ Cádiz nº 5, a través del teléfono 956-44-25-34/956-44-09-21. El correo electrónico es bienestarsocial@conil.org.

Nota de interés para las personas que tienen problemas para el pago de la hipoteca de su vivienda

1º El crédito hipotecario para la adquisición de vivienda aparece regulado fundamentalmente por la Ley Hipotecaria Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946, también por el Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario, además por el Código Civil y demás normas de carácter general.

2º Cuando constituimos una hipoteca, el pago de las cuotas hipotecarias lo hacemos en el mismo Banco o Caja de Ahorros donde la contratamos. Pues bien, no debemos tener nuestras tarjetas , financiaciones y créditos personales con esa misma entidad , porque entonces estamos en sus manos , y ante cualquier crisis que podamos tener lo primero que van a hacer es cobrar de nuestros ingresos, nómina, ahorros…, a los posibles créditos personales ,financiaciones, tarjetas, seguros de vida que nos hayan obligado a concertar para la hipoteca, y a lo último que van a aplicar estos ingresos va a ser a la hipoteca, porque es el crédito mas garantizado, ya que responde con nuestra vivienda.

3º Es muy importante revisar y poner al día nuestras cuentas corrientes y libretas de ahorro con cierta frecuencia por que si no corremos el peligro de no enterarnos de lo que puede estar haciendo el banco o la caja en nuestra cuenta, sobre todo si hemos producido algún impago de lo que tengamos contratado con ellos, y como decía la hipoteca va a ser lo último que ellos paguen por ser el crédito que tienen mas seguro para cobrar.

Por tanto es fundamental tener muy ordenada y controlada nuestra correspondencia e información bancaria, porque de lo contrario, con independencia de si estamos económicamente bien o mal, nos costará dinero.

4º En fecha de 10 de marzo de 2012 se publica el Real Decreto-ley de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que para su aplicación exige que el deudor esté en lo que el decreto llama umbral de exclusión y que el crédito hipotecario esté en vigor a la fecha en que se publica el decreto. Por tanto el deudor hipotecario que se acoja a lo que dice este decreto no tiene por que estar demandado judicialmente y ni tan siquiera impagado el crédito.

Estar en el umbral de exclusión, es lo complicado de este asunto, porque aquí hay una cierta contradicción en el texto del Real Decreto. En definitiva se trata de que la persona y sus familiares que residan en la vivienda no tengan ingresos derivados del trabajo o actividades económicas, y también, y aquí reside la contradicción, que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 % de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar. En definitiva que se carezca de cualesquiera otros bienes o derecho patrimoniales con los que hacer frente a la deuda. A los avalistas y/o codeudores también se les exigen estos requisitos

Todas estas circunstancias se acreditan (Art. 3.2 del Decreto) mediante los correspondientes certificados expedidos por Hacienda y Servicio Andaluz de Empleo SAE, Registro de la Propiedad, así como la formulación por el deudor de una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse incluido en el umbral de exclusión.

Una vez obtenidos los certificados correspondientes y acreditando que se cumplen los requisitos, el decreto y el código de buenas prácticas establecen lo que tienes derechos.

Solución 1ª: Plan de Reestructuración de la Hipoteca que consiste en:

a) La concesión de un periodo de carencia en la amortización del capital por 4 años.

b) Ampliación del plazo de amortización hasta 40 años.

Solución 2ª: Quita del capital pendiente de amortización

(Reducción hasta del 25 %). Esto lo puede aceptar o no el banco.

Estas dos medidas la pueden solicitar incluso los deudores que estén en situación de ejecución hipotecaria con subastas anunciadas.

Solución 3ª: DACION EN PAGO

En el plazo de 12 meses desde la Reestructuración si esta no es posible se puede solicitar la dación en pago, y cancelación de la deuda. El banco o la caja están obligados a aceptarla. Así mismo cuando se solicite la Dación Pago, se puede también pedir permanecer en la vivienda por dos años pagando una renta del 3% anual del total de la deuda.

5º Cuando se reciba una carta o burofax del Banco o Caja por el que se notifica que por impago se ha resuelto el crédito hipotecario y se te reclama el capital pendiente de pago, las cuotas devueltas con sus intereses de demora, etc., con la advertencia de que si no se paga se producirá la ejecución hipotecaria en el plazo de diez días, es el momento idóneo de ponerse en contacto con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Conil, para ser debidamente asesorados, si es que antes no se ha hecho.

 

Hoja de ruta del Servicio de Ayuda a Deudores Hipotecarios de su vivienda habitual

A partir de que Conil de la Frontera se declara municipio en contra de los Desahucios, se sigue por el Ayuntamiento una serie de acciones dirigidas a hacer valer su declaración:

1º Se presenta una moción en la que se pone de relieve que el Ayuntamiento va a tomar una posición en la defensa de los derechos de las personas, de las familias que por causa de la situación de auténtica ruina que está viviendo este país, están sufriendo procedimientos judiciales dignos de mejor causa que la de quitarles la vivienda que tanto trabajo les ha costado conseguir. En la línea de las diferentes declaraciones que se han hecho por diversos colectivos que luchan contra los desahucios y a favor de la Dación en Pago, se aprueba esa moción por el Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

2º En esa línea y por la Concejalía de Servicios Sociales se ha firmado un convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta d Andalucía, “Programa de mejora para la Vivienda”, que permite un servicio específico para atender a estos vecinos y vecinas a fin de que puedan encontrar una solución a sus problemas en relación con las entidades de crédito que tienen hipotecada la vivienda familiar de estas personas.

3º En este Servicio se está intentando en primer lugar tomar conocimiento exacto de la situación en que se encuentran el crédito hipotecario que tienen las personas que acuden a este servicio, para a partir de ahí intentar llegar a una solución con la entidad de crédito, mediante la negociación.

4º A su vez en caso de no poder llegar a acuerdos, el Alcalde y el Concejal de Servicios Sociales, intermedian con la entidad bancaria para intentar que se les pueda aplicar el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de Marzo para de esta forma o bien conseguir una ampliación de la hipoteca o en su caso obtener la Dación en Pago con el alquiler que establece el citado R D-L 6/2012.

4º También se está intentando ayudar desde este servicio a las personas que han perdido su vivienda y además la entidad de crédito intenta seguir adelante con el procedimiento hipotecario, embargando y ejecutando los bienes de los fiadores o garantes, generalmente familiares de los deudores. Nuestra ayuda consiste aparte de estudiar el asunto para ver la posibilidad de poder oponerse a ese procedimiento, y una vez valorada esta dirigir a los afectados en su caso a los abogados del turno de oficio.

Se trata en definitiva de impulsar la creación de un cuerpo de doctrina, que se enfrente a la pretensión a nuestro entender absolutamente desmedida , por parte de la entidades de crédito, de continuar el procedimiento hipotecario para una vez subastado y/o auto adjudicado el inmueble hipotecado , obtener una suma de dinero que supone para la entidad un enriquecimiento injusto, un desequilibrio grave de las prestaciones de las que consta todo contrato, incluido el de préstamo con garantía hipotecaria, así como una autentica ruina de las personas que tienen que soportar tan gravosa ejecución.

5º Indudablemente debe ser objeto del trabajo que se está realizando la consecución de una modificación legal profunda , que instaure la Dación en Pago para todos los deudores hipotecarios , cuando de su vivienda habitual se trate, es fundamental, no solo para las personas y familias afectadas, si no incluso para el propio mercado hipotecario e inmobiliario , al que permitiría dar una salida rápida a los inmuebles, y no entrar en procesos inacabables, que lo que hacen es deteriorar y depreciar los inmuebles , así como crear extrañas valoraciones contables de bienes para las entidades de crédito aumentando ficticiamente su activo, lo que ha generado el problema actual de que al reflejar contablemente esos activos en su valor real disminuyendo ostentosamente el mismo, resulta que muchas de esas entidades de créditos están en quiebra , se crea un problema financiero muy serio.

 

Moción en contra de los desahucios por motivos económicos

Exposición de motivos

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. A su vez más de dos millones de viviendas permanecen vacías por unas u otras razones.

La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales.

Además, como resultado de todo ello a las personas deudoras se le embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda.

La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, Además era muy desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones de las viviendas y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos.

Ahora miles de personas descubren que cualquier impago, por pequeño que sea, puede suponer el vencimiento anticipado de todo lo adeudado, y que esos contratos hipotecarios contenían numerosas cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo-techo, o de los intereses moratorios que oscilan entre el 18 y 20%.

Todo lo aquí expuesto vulnera el derecho a la vivienda que como mandato constitucional está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Los efectos dramáticos de la situación descrita se concretan de una forma especial en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos a donde se dirigen mayormente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.

La pérdida de la vivienda priva al individuo o familia de toda residencia y, a su vez, la ausencia de residencia, conlleva la pérdida de otros derechos e impide a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente, y en muchos casos las condena a la exclusión y marginación social y económica.

Es necesario intervenir con urgencia ante esta dramática situación.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal IULVCA, somete para su aprobación los siguientes

Acuerdos

1. Instar al Gobierno Central para que apruebe una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.

2. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida de buena fé, se aplique la dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.

3. Instar al Gobierno para que se adopten todo tipo de medidas tendentes a que los poderes públicos den cumplimiento efectivo al mandato del art. 47 de la Constitución Española, y se estudien salidas justas a la cuestión de las viviendas vacías.

4. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y al Parlamento Autonómico de Andalucía, y a los distintos colectivos sociales de Conil de la Frontera.

5. Más allá de las medidas de competencia estatal, proponer las siguientes medidas a emprender a nivel municipal:

5.1. Plantear la eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita.

5.2. Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.

5.3. No poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio.

5.4. Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.

5.5. Colaboración de los servicios jurídicos del ayuntamiento en todos los casos que lo requieran.

La preocupante situación de desamparo en la que se encuentran miles de familias, asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas fruto de la avidez sin medida de especuladores y entidades financieras, de una legislación que no ha hecho sino permitir el inflado de una burbuja que sólo ha estallado. Dicho estallido se ha producido en la cara de los ciudadanos y no en la de los verdaderos responsables, que además están siendo auxiliados con faraónicos rescates financieros pagados de los propios bolsillos de los ciudadanos. Asistimos a la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas.

Cifras como la de más 5 millones de parados o el millón y medio de hogares que no tienen ingreso alguno dan una idea de la dimensión del problema. En este país hay 2 millones y medio de viviendas vacías, la mitad de las cuales pertenece a los bancos.

Todo ello nos anima a continuar peleando por nuestros derechos en materia de vivienda, para que no sean ninguneados. Ningún país que se declare como desarrollado y democrático, no puede seguir abanderando y fomentando la especulación con el ladrillo, en resumen, con un derecho constitucional. No queremos un futuro hipotecado.

Fdo. Antonio Alba Ramirez

Potavoz del grupo IULV-CA en Conil de la Frontera.


Información de contacto

Ayuntamiento de Conil de la Frontera
Plaza de la Constitución, 1
CP 11140 - Conil de la Frontera (Cádiz)

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